El Senado convirtió ayer en ley el proyecto contra crímenes y delitos de alta tecnología, la cual establece la persecución y condena a las personas que se valgan de recursos tecnológicos para cometer un crimen.
La pieza, propuesta por el diputado Pelegrín Castillo, establece penas de uno a tres años de prisión y multa de 20 a 100 veces de salario mínimo, contra todo aquel que divulgue, grabe, capture, utilice, altere o trafique con los códigos de acceso, información o mecanismos similares para lograr acceso ilícito a un sistema electrónico, informático o de telecomunicaciones. Click para seguir leyendo
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